Martes 09 de Mayo 2017 hora 04:56 pm

El órgano de la Organización de Estados Americanos recordó que  el Estado venezolano continúa actualmente obligado a respetar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos bajo la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre y bajo la competencia de la Comisión

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó nuevamente su preocupación por la situación de Venezuela debido a las manifestaciones que se desarrollan desde finales de marzo, específicamente por las medidas represivas tomadas por el gobierno.

Pidieron, en un comunicado de prensa, al Estado cesar las medidas y dar «efectivo cumplimiento» a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

El órgano de la Organización de Estados Americanos urgió al Estado de Venezuela a cesar el procesamiento de civiles en jurisdicción militar.

La CIDH condenó el aumento de muertes, heridos y detenciones masivas que ha acompañado la militarización de las tareas de gestión de las manifestaciones.

Destacaron su preocupación por el número de fallecidos y heridos por armas de fuego o producto del uso excesivo de armas menos letales, como gases lacrimógenos y perdigones.

Mencionaron que diferentes organizaciones de la sociedad civil han registrado 1.991 detenidos desde el 4 de abril hasta la fecha de elaboración del comunicado.

«La información disponible y puesta en conocimiento de la Comisión, da cuenta de una serie de denuncias sobre tortura y malos tratos a detenidos por parte de las fuerzas del Estado, así como violaciones a las garantías y protección judiciales, incluyendo el uso de la jurisdicción penal militar para detener y juzgar a civiles», aseveraron.

Señalaron que el gobierno ha usado los medios de comunicación para «estigmatizar y criminalizar» con calificaciones como “terroristas” o “insurgentes armados” a quienes convocan y participan en manifestaciones. No dejan de mencionar que se han reportado un aumento de ataques y detenciones arbitrarias de periodistas y la censura a medios de comunicación nacionales e internacionales.

La Comisión de igual forma urge a las autoridades a garantizar que las investigaciones por los hechos violentos y muertes sean llevadas de manera efectiva, seria e independiente. Además reiteraron que las autoridades deben cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo el deber de facilitar las manifestaciones y protestas garantizando la vida, integridad y libertad personal de los y las manifestantes, así como sus derechos a la libertad de reunión pacífica y libertad de expresión.

Leopoldo López, OEA y elecciones

La CIDH indicó que está «profundamente preocupada» por el estado de incomunicación en el que permaneció el dirigente político Leopoldo López desde el inicio de las protestas hasta el pasado domingo 8 de mayo, además de la falta de «información clara y precisa» sobre su situación y su lugar de detención durante un mes. Reiteraron que el Estado venezolano está obligado a garantizar el derecho a la vida e integridad de López, así como el derecho que tiene toda persona detenida a comunicarse con sus familiares y abogados y al control judicial de su detención.

Condenaron «cualquier intento de las autoridades venezolanas» de impedir la celebración de elecciones y la supresión del derecho al voto de la ciudadanía.

«La restricción arbitraria de los derechos políticos y cierre de espacios democráticos no puede ser la respuesta a los reclamos de la sociedad; por el contrario, es un signo de la incapacidad de hacer frente a los reclamos en términos democráticos, que solo aumenta los conflictos sociales y políticos», aseveraron.

Sostuvieron que deploraban la decisión del presidente Nicolás Maduro de denunciar la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y con ello «anular la protección del sistema interamericano de derechos humanos para los habitantes de Venezuela». Informaron que se encuentran evaluando las implicaciones legales y jurídicas de la decisión del presidente y recordaron que, dado que el proceso de denuncia requiere dos años para tomar efecto, el Estado venezolano continúa actualmente obligado a respetar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos bajo la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre y bajo la competencia de la Comisión.

Hicieron un llamado al gobierno venezolano para que reconsidere la decisión de denunciar la Carta.

Pulse aquí para leer el comunicado completo 

EL NACIONAL WEB

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