La Justicia española autorizó este viernes la extradición a Estados Unidos del mayor general retirado Hugo Armando Carvajal.

Carvajal, que asumió el cargo de jefe de contrainteligencia con Hugo Chávez y con Nicolás Maduro, es acusado de narcotráfico.

En septiembre, la Audiencia Nacional española denegó la entrega. Consideró que Estados Unidos la solicitaba por una motivación política. Asimismo, reprochó a ese país que no había concretado los cargos que le imputaba.

La Fiscalía apeló la primera decisión sobre Carvajal y el pleno de la Audiencia decidió este viernes aceptar la extradición.

A Carvajal, de 59 años de edad, lo detuvieron en España el 12 de abril en virtud de una orden de arresto de Estados Unidos. Ese país lo reclamó por haber querido inundarlo con toneladas de cocaína. Presuntamente la introducía en ese territorio con ayuda en ocasiones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Motivos políticos

La Audiencia Nacional celebró una vista el 12 de septiembre en la que Carvajal alegó que la petición de Estados Unidos carecía de fundamento. Añadió que respondía a motivaciones políticas puesto que, según su abogada, lo único que pretendía era sacarle información sobre el gobierno de Chávez.

“Yo en la justicia de Estados Unidos no confío. El solo hecho de que me hayan hecho lo que hicieron es suficiente motivo. No voy a tener derecho a la defensa de ningún tipo y a promover pruebas tampoco”, dijo ante el tribunal español.

Carvajal, que se declara ahora seguidor de Juan Guaidó, presidente interino,  se sintió perseguido tanto en Estados Unidos como en Venezuela, por Nicolás Maduro. “Lo conozco lo suficiente y sé de lo que es capaz”, aseguró.

Tras la vista, la Audiencia Nacional rechazó la extradición porque Estados Unidos solo se basaba en una declaración jurada de un miembro de la DEA. Este le atribuía a Carvajal “una conducta abierta, abstracta e inconcreta en tiempo, lugar y actos”.

El tribunal español vio también motivaciones políticas en la petición de entrega, «dentro de la estrategia política estadounidense respecto a Venezuela».

Estados Unidos le atribuye delitos de narcoterrorismo por ser parte de una estrategia dirigida desde la Presidencia de la República de Venezuela, con la cooperación de las FARC, para introducir en ese país “grandes cantidades de cocaína”.

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