Cada uno de los 16 patrones está basado en los relatos de familiares de los fallecidos y testigos de los hechos recaudados por la ONG Proiuris. En todos los casos, las víctimas sobrevivientes desmienten las versiones oficiales sobre presuntos enfrentamientos entre policías y delincuentes
Caracas.- Mediante el análisis de 51 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, directamente documentados por la ONG Proiuris, se logró identificar 16 mecanismos que habitualmente llevan a cabo los funcionarios de seguridad del Estado, fiscales y jueces.
Cada uno de los 16 patrones está basado en los relatos de familiares de los fallecidos y testigos de los hechos. En todos los casos, las víctimas sobrevivientes desmienten las versiones oficiales sobre presuntos enfrentamientos entre policías y delincuentes, que son calificados jurídicamente como casos de» resistencia a la autoridad” y no son debidamente investigados por el Ministerio Público.
La brutalidad policial tiene un impacto diferenciado en mujeres y en menores de edad. Las viudas deben asumir la carga del sostén económico de la familia y la canalización de los duelos. Entre enero y septiembre de 2019, 301 niños, niñas y adolescentes han quedado huérfanos por las presuntas ejecuciones extrajudiciales de sus padres, según cifras recaudadas por la ONG.
1.- Irrupción violenta en residencias y domicilios: Los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado suelen irrumpir violentamente en los sitios donde desarrollan sus operativos.
2.- Concentración de la actuación policial en barrios pobres: La mayoría de las actuaciones de los cuerpos de seguridad del Estado se lleva a cabo en sectores urbanos y rurales habitados por personas pobres, lo cual apunta hacia una matanza selectiva.
3.- Las víctimas más frecuentes son hombres jóvenes en edad productiva: Hombres con edades comprendidas entre 16 y 41 años de edad son los muertos más recurrentes en operativos policiales que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.
4.- Presuntos enfrentamientos calificados jurídicamente como resistencia a la autoridad: En todos los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, la versión oficial indica que presuntos delincuentes abrieron fuego contra los funcionarios actuantes, quienes “se vieron obligados” a repeler el ataque, en legítima defensa y en cumplimiento de su deber.
5.- «Siembra» de armas para simular enfrentamientos: Las versiones oficiales siempre dan cuenta de presuntas incautaciones de armas a las personas que resultan fallecidas en operativos policiales.
6.- Alteración de la escena del crimen para borrar evidencias de excesos policiales: Familiares y testigos suelen afirmar que los funcionarios policiales se esfuerzan por borrar evidencias de interés criminalístico, con el propósito de dificultar eventuales investigaciones de excesos en el uso de la fuerza pública.
7.- Los antecedentes penales a modo de justificación de los asesinatos: En las ocasiones que los cuerpos de seguridad informan sobre muertes en presuntos enfrentamientos con delincuentes destacan que los fallecidos tenían prontuario delictivo. Sin embargo, familiares y testigos afirman que los antecedentes penales constituyen un riesgo adicional de morir a manos de la policía.
8.- Ausencia del Ministerio Público en los procedimientos policiales: El artículo 42 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses establece que para realizar un allanamiento se requiere una orden judicial y la presencia de un fiscal del Ministerio Público. No obstante, la mayoría de los procedimientos ejecutados por los cuerpos se seguridad del Estado no son debidamente supervisados por fiscales del Ministerio Público.
9.- Allanamientos sin autorización judicial: Las inspecciones a residencias y domicilios realizados por los cuerpos de seguridad del Estado, en el contexto de operativos policiales, no cuentan con órdenes judiciales.
10.- Asesinato por la presunta comisión flagrante de delito: Los cuerpos de seguridad del Estado involucrados en presuntas ejecuciones extrajudiciales alegan que actuaron contra delincuentes en “flagrante” comisión de delito, aunque hay casos de víctimas que fueron sometidas mientras dormían.
11.- Robos en las residencias y domicilios: Varias víctimas denuncian que los cuerpos de seguridad del Estado aprovechan los operativos policiales que ejecutan para robar desde alimentos hasta divisas.
12.- Actuación de agentes policiales enmascarados y no identificados: Los pasamontañas y máscaras que usan las Faes impiden la plena identificación de cada uno de los agentes. Tampoco portan sus nombres y apellidos en el uniforme.
13.- Disparos en zonas vitales del cuerpo de las víctimas. Por lo general, los funcionarios de las Faes disparan para matar; no para «neutralizar» a las personas. Los disparos impactan la cabeza o el tórax de las víctimas y causan su muerte casi inmediatamente.
14.- Negación de socorro efectivo: Los funcionarios deben trasladar con premura a las personas que hayan herido, a un centro de salud donde le puedan salvar la vida. Pero, generalmente, llegan muertos.
15.- Represión de protestas: Las Faes se han incorporado en labores de control del orden público, sin cumplir las normas sobre uso progresivo y proporcional de la fuerza pública.
16.- Impunidad generalizada: La mayoría de presuntas ejecuciones extrajudiciales no son debidamente investigadas por el Ministerio Público, y en los pocos casos atendidos por la Fiscalía pueden operar vicios del sistema de administración de justicia que impiden el enjuiciamiento y aplicación de sanciones
