Martes 09 de Mayo 2017 hora 10:27 am

En su Editorial 21, emitido este domingo 7 de mayo de 2017, la organización revolucionaria Marea Socialista, que se identifica con lo que se conoce en Venezuela con el «chavismo crítico», evalúa la situación del país en los últimos días, destacando la ocurrencia de muertes y saqueos en medio de protestas violentas, con respuesta igualmente violenta por parte de las fuerzas de seguridad empleadas por el gobierno. Ante el anuncio de la convocatoria gubernamental a una Asamblea Constituyente, este movimiento manifiesta su desacuerdo, por considerar que ésta no es llamada con una clara participación ciudadana universal y porque no se apela al referendo consultivo establecido en el Art. 71 que distinguió a la Constituyente de 1999.

El Equipo Operativo Nacional de Marea Socialista opina que «esa ANC no es necesaria ni útil para afrontar los problemas más urgentes e inmediatos que sufre nuestro pueblo». Por otra parte, considera que se trata de una «propuesta de características corporativas y antidemocráticas, con una participación… de instancias cooptadas al Estado y sin consulta», que en su criterio solo está sirviendo «para agregarle más gasolina a un fuego». Dice que se «pretende montar con el modelo del Congreso de la Patria… a imagen y semejanza… del PSUV».

Manifiestan coincidir con lo expresado  por la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, en el sentido de que no se puede pedir legalidad a la población si es el Estado quien viola la ley. Rechazan tanto la violencia de grupos de civiles armados que puedan actuar desde ambos bandos (el oficial y la oposición de derecha) e igualmente condenan  la represión «de características desmedidas… y en algunos casos brutal» por parte del Estado. Señala como uno de los últimos desencadenantes la emisión de cuestionadas sentencias por el TSJ.

Esta corriente denuncia que está en marcha una «…experiencia piloto con la pretensión de llevarla luego a todo el país, con la activación de tribunales militares para los manifestantes detenidos y no a la justicia ordinaria, y la instalación de hecho de campos de detenidos en dependencias militares, lo que alarma y puede llevar a traspasar la delgada frontera que lleva al deslizamiento de establecer una gobierno abiertamente represivo y totalitario».

Finalmente, plantea la necesidad de la «construcción de una fuerza social y política de unidad de acción» en «defensa de los derechos democráticos» y ante el «asesinato de la Constitución de Chávez».

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