“El cheque fue introducido el martes de la semana pasada, y ya han pasado cinco días laborales, y siete en total, y no ha rebotado, así que asumimos que fue aceptado. Tan pronto como aparezcan los fondos en la cuenta, nosotros vamos a cancelar la moción de desalojo”, dijo Lee Swerdlin, vicepresidente de Property Management for Florida East Coast Realty (FECR), empresa matriz de la compañía que administra el edificio, TWJ1101, LLC.
“Ellos están allí en este momento, en preparación porque ellos no habían estado allí desde hace años”, agregó.
Maduro había ordenado la reapertura luego que el consulado permaneciera cerrado por seis años tras verse inmerso en un escándalo de espionaje. No obstante, esos planes se vieron amenazados la semana pasada en medio de noticias de que la oficina diplomática enfrentaba un proceso forzado de desalojo.
La orden de expulsión fue introducida por TWJ1101, LLC en un tribunal del circuito del condado Miami-Dade.
“La cantidad en mora y en deuda para la recolección de alquiler correspondiente al contrato de arrendamiento es $142,118.70”, resalta el documento presentado ante la corte el 15 de febrero. “Los demandados han incumplido con el pago del alquiler, el cual adeuda, y que no ha pagado desde el 1ro. de septiembre del 2017”.
Swerdlin dijo en una entrevista telefónica que el monto de algo más de $145,000 que fue pagado por el gobierno de Venezuela cubría el monto adeudado, más penalidades.
El documento presentado ante la corte señalaba que el dueño del edificio le había otorgado a la República de Venezuela la opción de pagar el alquiler adeudado en un plazo de tres días para atender los reclamos o entregar la propiedad para la fecha estipulada del 7 de febrero.
“Pero el acusado se rehusó a cumplir” con cualquiera de las dos opciones, dijo el demandante. El consulado ha estado ocupando todo un piso de un edificio ubicado en la céntrica Avenida Brickell aún cuando había dejado de atender al público en enero del 2012.
Swerdlin dijo que la Embajada de Venezuela en Washington D.C. venía realizando los pagos de alquiler con regularidad por años, aún cuando la oficina había dejado de atender el público.
La oficina seguía teniendo sus muebles y equipos adentro, pero no contaba con la presencia del personal. Ocasionalmente, alguien del cuerpo diplomático ingresaba para cerciorarse de que todo andaba bien.
Los pagos, sin embargo, dejaron de llegar en septiembre y el monto adeudado comenzó a acumularse.
“Nosotros no habíamos querido hacer nada al principio y eso fue así por un tiempo porque, honestamente, no queríamos iniciar un incidente diplomático con Venezuela. Pero después de un tiempo, nos dijimos que la situación era sencillamente ridícula. Asi que iniciamos el proceso de desalojo”, dijo Swerdlin.
Maduro había anunciado a principios de este mes que próximamente reabriría la oficina diplomática a fin de iniciar el proceso de registrar electores venezolanos para que participen en las polémicas elecciones presidenciales que su régimen fijo para el 22 de abril.
Las autoridades venezolanas habían cerrado las puertas del consulado pocos días después que el Departamento de Estado expulsara a la cónsul general Livia Acosta Noguera tras revelarse una grabación que implicó a la funcionaria en un presunto complot iraní contra Washington mientras se desempeñaba como agregada cultural en México.
En un artículo publicado ese año, el Nuevo Herald logró establecer que Acosta se encontraba en la nómina del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), al igual que otros integrantes del cuerpo diplomático que trabajaban con ella.
El Nuevo Herald
